El PP de El Ejido, obligado a rectificar el cobro del ‘tarifazo’ en los recibos del agua

Debe aceptar las alegaciones que presentó el Grupo Municipal Socialista a las ordenanzas de ingresos que se aprobaron en Pleno el pasado 3 de noviembre.

El equipo de gobierno deberá aprobar hoy las alegaciones presentadas el pasado 5 de diciembre por el Grupo Socialista al acuerdo provisional de modificación de diversas ordenanzas de ingresos adoptados por el ayuntamiento en Pleno el pasado 3 de noviembre, lo que popularmente se calificó como “tarifazo” en el recibo del agua. Esto es, el canon que el PP quería repercutir a partir de este mes en la factura del agua para financiar las obras previstas en el Plan Director de Infraestructuras.

El acuerdo plenario fue publicado en el BOJA con fecha del 8 de noviembre. Antes de que cumpliera el mes, el PSOE presentó una serie de alegaciones que, una vez analizadas y estudiadas por el área de Obras Públicas y también por los Servicios Fiscales de la concejalía de Hacienda, obligan al equipo de gobierno a hacerlas suyas.
En esencia, la primera de las alegaciones se refiere al “recargo especial” como figura impositiva para sufragar las inversiones en infraestructuras de abastecimiento, una decisión que se considera “improcedente” y que se sustituirá por un canon, como se regula en el Decreto 120/1991 de 11 de junio por el que se aprobó en su día el reglamento del suministro domiciliario del agua en El Ejido.

Mociones de la oposición

El Pleno también aprobará otros asuntos como la concesión de la piscina cubierta y la contratación del servicio de grúa en el municipio y analizará otros como las mociones que han presentado el PSOE sobre reinversión del superávit y ampliación de la Estación Depuradora por el PSOE, el cambio de nombre en la avenida Infanta Cristina como quiere IU, que el agua depurada se use para riego, como plantea UPyD o que se comuniquen los actos oficiales a los grupos de la oposición, como reclaman desde Ciudadanos.

Uno de los asuntos que generará más debate, además del cambio en las ordenanzas fiscales al que se ve obligado el PP, será la ampliación de la EDAR, que ya generó controversia entre PP y PSOE.