Una pareja de hombres de Vícar permanece en libertad con cargos acusada de haber comprado a una niña recién nacida en la provincia de Cádiz. Al parecer, los acusados habrían contactado con la madre de la pequeña a la que habrían pagado 10.000 euros por hacer de “vientre de alquiler”.Detenidos a primeros de noviembre por agentes de la Guardia Civil de Cádiz, que ha llevado la investigación denominada Operación Princesita, los dos vecinos de Vícar pasaron a disposición judicial en la provincia gaditana acusados de un presunto delito contra las relaciones familiares.
Hoy miércoles está previsto que uno de ellos, que responde a las siglas J.J.G.S., declare por videoconferencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera. El juez, que habría pedido una prueba de paternidad, está investigando a este hombre por haber entregado dinero a cambio del bebé, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La pequeña, que en el momento de la detención se encontraba ya en Almería, pasó a estar bajo protección de la Junta de Andalucía y hoy estaría con una familia de acogida después de haber pasado por el Centro de Menores Indalo en la capital almeriense.
Los hechos
La madre de la pequeña, que responde a las siglas S.C.C., y que también habría sido detenida en el marco de la operación, se habría sometido a una inseminación artificial conyugal en una clínica de Málaga en dos ocasiones, hasta quedar embarazada.
Esta situación, que contrasta con la precariedad económica de la mujer, habría llamado la atención de los servicios sociales de Villamartín, localidad en la que reside la madre de la niña. Una mujer que dio a luz a una niña viva y en “condiciones normales” de salud y que, al ser preguntada tras el parto por estos mismos servicios sociales, habría comentado que la pequeña había fallecido y que había donado su cuerpo a la ciencia.
Así lo apunta la Guardia Civil de Cádiz en una nota de prensa, en la que apunta cómo los agentes se desplazaron hasta la provincia de Almería para “verificar mediante vigilancias que la niña se encontraba en buen estado de salud”. Una vez recabados los datos de la investigación, los agentes se citaron con la madre para tomarle declaración. Obtuvieron, entonces evidencias de que se había puesto de acuerdo con la pareja que había comprado el bebé sobre lo que tenía que declarar (manera de conocerse, inicio de la relación, negación de cualquier contraprestación económica,...).
Otras mujeres
Tras citar también a declarar a la pareja de Vícar y oír a ambas partes, quedó demostrado, apuntan desde Guardia Civil, que los almerienses habrían contactado con la madre, así como con otras mujeres más, para que, a cambio de dinero se sometieran a un tratamiento de inseminación artificial conyugal. El objetivo no era otro que ceder al bebé tras el alumbramiento.
Estaba previsto, además, que la madre biológica acudiría en unos días a Almería donde se inscribiría a la pequeña en el Registro Civil y donde se iba a firmar un documento notarial por el que la madre cedía al padre la tutela de la niña.
Finalmente, los agentes intervinieron y las detenciones se produjeron tanto en Cádiz como en la localidad almeriense.
Del centro de menores Indalo a una familia
La bebé por la que una pareja de hombres de Vícar habría pagado 10.000 euros tenía 19 días de vida cuando su madre biológica y los dos hombres con los que ya vivía en Almería eran detenidos. Los acusados de un presunto delito de alteración de la paternidad mediante compensación económica eran trasladados por la Guardia Civil de Cádiz ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera. La pequeña era trasladada entonces (primeros de noviembre) al Centro de Menores Indalo en la capital almeriense. No obstante, y gracias a las gestiones del Servicio de Menores de la Junta de Andalucía, la menor que hoy apenas tiene mes y medio de vida estaría ya en régimen de acogimiento familiar.
En Almería son hoy 139 los niños que están en acogimiento familiar, de los que 36 están en familia ajena. Además, harían falta otras 20 familias acogedoras más.
La maternidad subrogada se pena
Cerca de 800 familias españolas han salido a otros países para contratar un vientre de alquiler donde sí está legislada esta opción. Son niños que, después están “regularizados” en España, lo que provoca una situación algo “rara” puesto que aquí la conocida como maternidad subrogada es un delito para el que el Código Penal establece penas de uno a 5 años de prisión, ha explicado a Cadena Ser el profesor de Derecho en la Universidad de Almería, Ramón Herrera.
Estas penas de prisión serían aplicables tanto a quien compra como a quien vende el bebé. En este caso, además, el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha suspendido la patria potestad sobre el bebé a su madre biológica, S.S.C., de 28 años, con dos hijos de relaciones anteriores y que habría aceptado 10.000 euros por ceder a su hija a la pareja de Vícar.
Además de ser investigada por un presunto delito de alteración de la paternidad mediante compensación económica, estaría además pendiente de otro por posible falsedad en documento.
La situación legal es por tanto complicada para los tres detenidos en el marco de la Operación Princesita. Al menos, a día de hoy.
Debate sobre la regulación
Sí se han sucedido en los últimos tiempos algunas reuniones en el Ministerio de Justicia sobre la posibilidad de una futura regulación sobre vientres de alquiler en el marco del Derecho de Familia en España. Es algo que se ha planteado, explica la abogada Isabel Bonilla, especialista en Familia.
De momento, y a expensas de lo que se dirima en la instrucción, los tres detenidos están acusados de un presunto delito con consecuencias penales en este país.
Respecto a la suspensión de la patria potestad, Bonilla explica que ésta no tiene por qué ser definitiva y, en función de las circunstancias concretas de cada caso, puede recuperarse. De momento, y tras la suspensión aplicada a S.S.C., supone que queda vacía la maternidad, es decir, que no puede hacer prevalecer ningún derecho ante su hija biológica.
La Guardia Civil seguía la pista a una mujer de 28 años que habría vendido a su niña, nacida en Cádiz, por 10.000 €.
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