En el encuentro, que tendrá lugar en la sede del Ministerio en el Paseo de la Infanta Isabel, ambas administraciones estudiarán la ejecución de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que determinó que la construcción se levanta en suelo no urbanizable, por lo que debe demolerse. Según han confirmado a Europa Press fuentes ministeriales, está previsto que la ministra y el consejero comparezcan al término de la reunión ante los medios de comunicación.
Cabe recordar que a finales de 2011, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) Rosa Aguilar, suscribieron un protocolo de colaboración para demoler el hotel y recuperar la playa cuando hubiera un pronunciamiento judicial "favorable y firme".
En aquel acuerdo el Estado se comprometió a asumir el coste de la demolición de la edificación, y la Junta, el desescombro y la gestión de los residuos del derribo. Además, acordaron que para la posterior restauración del espacio litoral se adoptaría un plan de empleo juvenil para el Parque Natural, que incluiría una Escuela Taller centrada en la recuperación de los ecosistemas costeros y litorales.
En julio de 2012, el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete, y el que era consejero andaluz del ramo, Luis Planas, encargaron a la empresa Tragsa un estudio para la demolición, el tratamiento de residuos y la restauración. Ambas administraciones acordaron cofinanciar ese encargo, que meses después determinó que el coste de total ascendería a 7,17 millones de euros, incluyendo la posterior regeneración de la zona.
Cañete: "Derribarlo a medias"
Posteriormente, Arias Cañete apuntó, en una entrevista en Europa Press, que el coste total sería de 7,3 millones de euros. El ministro también aclaró en 2013 que, aunque no le correspondía, el Ministerio había acordado con la Junta "derribarlo a medias".
Ahora, con sentencia firme, la actual ministra ha puesto de manifiesto que el compromiso adquirido por el Ministerio es el de colaborar en la recuperación ambiental del espacio protegido, pese a que la competencia en este caso es autonómica, puesto que la instalación hotelera se ubica en zona de servidumbre de protección.
"Había un compromiso de que si finalmente los tribunales permitían deshacerse del Algarrobico nosotros participaríamos y participaremos en devolver al estado ambiental anterior esta zona y el consejero ya sabe que nosotros participaremos en ello", ha indicado la titular de Medio Ambiente.
Fiscal, por su parte, ha apuntado que aprecia "buena predisposición" por parte del Ministerio para abordar la ejecución del fallo del TS. Se espera que en el encuentro del lunes ambas administraciones acoten qué participación tendrá cada una.
En el encuentro, clave, estudiarán la sentencia que avala su demolición
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