El Gobierno y la Junta de Andalucía se reúnen esta tarde para iniciar la cuenta atrás de El Algarrobico, cuya demolición coinciden ambas administraciones en ejecutar lo antes posible, después de que el Tribunal Supremo haya sentenciado que el complejo se contruyó sobre terreno no urbanizable.La reunión entre la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, tendrá lugar en torno a las 17.00 horas.
El asunto central del encuentro será el protocolo firmado en 2011 por la Junta y el Gobierno central sobre el hotel de El Algarrobico, construido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).
En el documento se establece que el Ejecutivo central asumirá la demolición del inmueble y el andaluz, la restauración de la zona.
La sentencia del Supremo del 18 de febrero, que declaraba que el polémico hotel se edificó sobre terreno no urbanizable, despeja el camino para su derribo, pero quedan flecos por definir como si corresponde o no una indemnización a la promotora Azata del Sol -el tribunal no se pronunció sobre las responsabilidades patrimoniales-.
El complejo caso de El Algarrobico es uno de los grandes escándalos urbanísticos del litoral español, cuyas obras se suspendieron en 2006 por orden de un Juzgado de lo Contencioso de Almería y que, en 2008, ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Desde entonces se ha convertido en una de las banderas de la lucha ecologista y un ejemplo de la destrucción de la costa española.
La Junta de Andalucía espera que la reunión de mañana con García Tejerina sirva para avanzar en los plazos sobre la fecha de inicio de la demolición, un asunto sobre el que la ministra también ha expresado su deseo de que se produzca "en el menor plazo posible".
Antes del derribo y la restauración ambiental de la zona, cuyo coste se calcula en cerca de 7,2 millones de euros, la Junta de Andalucía procederá a la compra del terreno.
El convenio sobre El Algarrobico -pendiente de que los tribunales confirmasen la ilegalidad de su construcción-, también recoge que la administración central y autonómica desarrollarán actuaciones socio económicas para compensar a la comarca por la desaparición del inmueble turístico, entre ellos la redacción de un plan de empleo juvenil.
Además prevé la constitución de una comisión mixta de seguimiento, integrada por tres representantes del Ministerio de Isabel García Tejerina y otros tres de la Junta de Andalucía.
La presidencia de la Comisión se alternará entre ambas partes por períodos de doce meses y se reunirá de modo ordinario cada seis meses y extraordinariamente siempre que las partes lo deseen.
De momento, las administraciones central y andaluza no han detallado su posición respecto al pago de una eventual indemnización a la promotora Azata del Sol, si la licencia municipal que le otorgó el Ayuntamiento de Carboneras se considera legal, aún pendiente de dictamen judicia
Coinciden ambas administraciones en ejecutar lo antes posible, su demolición
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