El Tribunal Constitucional obliga a los funcionarios del sector a colegiarse.
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) por la que se obliga a la colegiación de determinados empleados públicos ha sido muy bien recibida por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. El presidente de este colectivo de operadores jurídico, José Blas Fernández, señala que la medida “pone en valor la labor profesional de nuestro sistema de corporaciones profesionales, esenciales para un correcto desempeño de la prestación de servicios a la sociedad”.
Esta normativa ha sido aprobada a raíz de la ley cántabra que libraba de la colegiación a los veterinarios funcionarios, la cual ha sido anulada recientemente por el TC.
El representante de los 9.000 graduados sociales de Andalucía destaca que esta sentencia no exceptúa a los empleados públicos de la necesidad de colegiación en el caso de que presten servicios profesionales en la Administración Pública. “La relación funcionarial no exime de la pertenencia obligatoria a los colegios profesionales”, explica Blas Fernández. En su opinión, exigir la colegiación obligatoria a los funcionarios de determinados sectores es “una garantía de equiparación de todos los profesionales en el ejercicio de su labor”.
Para el presidente del Consejo de los Colegios Profesionales de Andalucía, Ceuta y Melilla, el objetivo final es “velar por la correcta prestación de los servicios a la sociedad, ya sea en el ámbito privado o en el público”.
(La voz de Almería)
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