El ministro critica al PP por “inyectar odio” sobre los presos de la banda.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en el Congreso en que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que los acercamientos que se aprueben serán tras un “estudio individualizado” y de acuerdo a la ley penitenciaria. “Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político”, ha defendido, afeando al PP por “inyectar odio” en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.
Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado “lealtad al Estad” en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.
“Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación a su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad”, ha insistido el ministro. “No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco”, ha continuado, citando declaraciones en el pasado de dirigentes del PP, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. “Flaco favor hacen inyectando odio”, ha asegurado.
El Estado no le debe a ETA
Grande-Marlaska ha defendido que los traslados no son propiamente beneficios penitenciarios en lo referente a la progresión de grados, que es lo que exige, de acuerdo a la ley, condiciones previas como el rechazo al terrorismo, el pago de las deudas o la colaboración con la justicia.
“El Estado nada le debe a ETA”, ha sostenido, citando a su “amiga” Marimar Blanco, diputada del PP y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que en su turno de palabra ha cuestionado la política penitenciaria. El ministro ha recordado que 203 de los 233 etarras en cárceles españolas cumplen condena actualmente en primer grado, el régimen cerrado.
Críticas de PP y Cs
El PP y Ciudadanos, sin embargo, han mantenido que sí ha habido un cambio y lo achacan a un “pago por los votos” nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno.
“El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca”, ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos “más duros”. La diputada del PP ha reconocido que el traslado de etarras es legal, pero “no obligatorio”. “La ley no exige acercar a terroristas y va contra la memoria de las víctimas”, ha enfatizado. También ha defendido que con el Gobierno de Mariano Rajoy no hubo “ningún acercamiento” y ahora, con el de Pedro Sánchez, sí se han llevado a cabo. Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, ha acusado al ministro Marlaska de “premiar” a los internos de ETA. “Está más preocupado por los derechos de los terroristas que por los de sus víctimas”, ha defendido.
(La voz de Almería)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en el Congreso en que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que los acercamientos que se aprueben serán tras un “estudio individualizado” y de acuerdo a la ley penitenciaria. “Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político”, ha defendido, afeando al PP por “inyectar odio” en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.
Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado “lealtad al Estad” en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.
“Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación a su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad”, ha insistido el ministro. “No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco”, ha continuado, citando declaraciones en el pasado de dirigentes del PP, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. “Flaco favor hacen inyectando odio”, ha asegurado.
El Estado no le debe a ETA
Grande-Marlaska ha defendido que los traslados no son propiamente beneficios penitenciarios en lo referente a la progresión de grados, que es lo que exige, de acuerdo a la ley, condiciones previas como el rechazo al terrorismo, el pago de las deudas o la colaboración con la justicia.
“El Estado nada le debe a ETA”, ha sostenido, citando a su “amiga” Marimar Blanco, diputada del PP y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que en su turno de palabra ha cuestionado la política penitenciaria. El ministro ha recordado que 203 de los 233 etarras en cárceles españolas cumplen condena actualmente en primer grado, el régimen cerrado.
Críticas de PP y Cs
El PP y Ciudadanos, sin embargo, han mantenido que sí ha habido un cambio y lo achacan a un “pago por los votos” nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno.
“El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca”, ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos “más duros”. La diputada del PP ha reconocido que el traslado de etarras es legal, pero “no obligatorio”. “La ley no exige acercar a terroristas y va contra la memoria de las víctimas”, ha enfatizado. También ha defendido que con el Gobierno de Mariano Rajoy no hubo “ningún acercamiento” y ahora, con el de Pedro Sánchez, sí se han llevado a cabo. Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, ha acusado al ministro Marlaska de “premiar” a los internos de ETA. “Está más preocupado por los derechos de los terroristas que por los de sus víctimas”, ha defendido.
(La voz de Almería)
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