La Junta "no está tramitando proyecto normativo" para cobrar la entrada en La Alcazaba, según Maeztu

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha cerrado la queja de oficio abierta el pasado abril interesándose por un posible cobro de entrada en el Conjunto Monumental de La Alcazaba en Almería, después de que la Consejería de Cultura le haya informado de que "no se está tramitando ningún expediente de proyecto normativo para establecer un precio público de entrada" para el monumento. Así, según el texto de la resolución, la Defensoría recuerda que su actuación venía referida al anuncio, desde fuentes de la propia Delegación Territorial de Cultura, "de un posible cambio de modelo de gestión", pero señala que a la vista de la respuesta ofrecida, negando la tramitación de cualquier proyecto normativo que afectara al modelo de gestión de La Alcazaba, da por "clarificada" la cuestión.

En este sentido, hay que recordar que en la queja abierta el pasado abril por el Defensor éste solicitaba a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía qué proyectos o estudios se estaban realizando para una "posible alteración" del régimen de gestión de La Alcazaba así como sobre los "trabajos de evaluación o estudio sobre el establecimiento de un régimen de pago de entradas para la visita al monumento".

En su escrito, el Defensor consideraba que el cobro de entrada al monumento, que era una "asignatura pendiente" según la dirección del conjunto, era un "debate interesante" ante el "innegable recurso" que supondría para obtener "vías singulares de financiación para su mantenimiento o revertir en su puesta en valor".

En esta línea, el Defensor apuntaba su interés en conocer si había algún estudio o consideración en la Junta que permitiera disponer de ingresos económicos gracias a la puesta en valor del monumento mediante el establecimiento de precios para acceder a su visita, lo que precisaría un cambio en el régimen jurídico actual de gestión de La Alcazaba.

El Defensor afirmaba entonces que las acciones que posibilitan "el efectivo disfrute de nuestro patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento y protección" ocupaban un "lugar preeminente" en las acciones de la Defensoría, quien había incidido en su "permanente actuación" en relación con las "actuaciones de protección y tutela del conjunto patrimonial de valor histórico y cultural almeriense".

"Han sido muy numerosas las quejas iniciadas de oficio, o a partir de las iniciativas ciudadanas, que han sido tramitadas ante las autoridades locales y esa misma Delegación Territorial o sus servicios centrales de la Consejería de Cultura", apuntaba la queja.

El Defensor consideraba que el cobro de entrada al monumento era un "debate interesante" ante el "innegable recurso" que supondría