El Ayuntamiento de Carboneras ha advertido de que los terrenos anexos a las fincas que integran El Algarrobico, cuya descatalogación como urbanizable han pedido colectivos ecologistas, son de "propiedad privada" y de que "no es posible en el momento actual" su cambio a suelo no urbanizable de especial protección, ya que, de hacerse así, la propiedad "tiene derechos adquiridos que darían lugar a reclamaciones patrimoniales"."En caso de alteración urbanística, esta daría lugar a reclamaciones patrimoniales y a resarcimientos que excederían las capacidades económicas de este Ayuntamiento y es por ello que dicha alteración no es viable en el momento actual", asegura el Consistorio carbonero en respuesta a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, cuya mediación solicitó la asociación ´Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar´ para que dejasen de ser urbanizables estos terrenos.
El escrito hace referencia en concreto al sector urbanístico ST-2 o ´El Canillar´, anexo al sector ST-1 en el que se levanta el hotel y propiedad de la misma promotora, Azata del Sol. Sobre este estaba proyectado un desarrollo urbanístico residencial con 250 viviendas aunque desde el Consistorio se recuerda que, en este momento, el citado sector "no está urbanizado". Los colectivos ecologistas temen, sin embargo, que si no se revisa de inmediato el planeamiento urbanístico carbonero "puedan reactivarse" estas obras de urbanización.
Cabe recordar, por otro lado, que, en respuesta al mismo requerimiento por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, la Junta de Andalucía comunicó que no tiene intención de requerir al Ayuntamiento de Carboneras (Almería), gobernado por una coalición de independientes (Gicar) y PP, para que descatalogue las fincas anexas a los terrenos de El Algarrobico y les dé la calificación de suelo no urbanizable de especial protección que les corresponde según la normativa autonómica ya que el consistorio, según remarcado, tiene "un plazo de cuatro años para hacerlo".
En el escrito municipal, que firma el concejal de Urbanismo, Salvador Alarcón (PP), el Ayuntamiento carbonero insiste en que, en este momento, "no es posible ni viable" hacer el cambio de calificación urbanística aunque reconoce que prevalece, en este caso, la aplicación de la normativa ambiental que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Remite, asimismo, a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como el "procedimiento adecuado" para llevar a cabo las alteraciones en las clasificaciones de suelo del planeamiento vigente y recuerda que no se hizo así en el año 2009 con motivo de la adaptación parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de las Normas Subsidiarias (NNSS) porque desde la propia Junta, a través de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, "se dijo que estábamos ante un procedimiento y no ante un instrumento de planeamiento, por lo que no se podían alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas".
Por último, el Ayuntamiento carbonero reitera que el sector ST-2, objeto de la queja, entre otros, de ´Amigos del Parque´ al Defensor del Pueblo Andaluz, es de propiedad privada y que esta "tiene derechos adquiridos que, en caso de alteración urbanística del sector, darían lugar a reclamaciones patrimoniales y resarcimientos que excederían las capacidades económicas" del Ayuntamiento.
"Es por ello -concluye- que dicha alteración no es posible ni viable en el momento actual, recordando que, en este momento, el referido sector no está urbanizado".
La queja elevada al Defensor del Pueblo Andaluz por ´Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar´ vino motivada por el hecho de que ni Ayuntamiento ni Junta hubiesen dado respuesta a los escritos presentados en junio y en septiembre de 2015. Para el colectivo, la actitud de ambas administraciones supone una doble "vulneración" de la normativa; por un lado, la ley de procedimiento administrativo común y, por otro, las previsiones "establecidas en la LOUA, la ley de transparencia andaluza y su homónima de ámbito estatal que establece la obligación de contestar a todas las solicitudes realizadas".
En concreto, en sus escritos de junio y septiembre el colectivo pidió, bien mediante una innovación a la normativa urbanística municipal, bien haciendo uso la Junta de sus competencias en materia de disciplina urbanística, la descatalogación definitiva de suelo urbanizable residencial no sectorizado a suelo no urbanizable de especial protección de los sectores urbanizables no sectorizados ST-1, donde se levanta el hotel, y ST-2 o Canillar, donde también se ha proyectado desarrollo residencial.
El Ayuntamiento argumenta que es de "propiedad privada"
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