El PSOE ha registrado varias preguntas a la Mesa del
Congreso de los Diputados en las que solicita que se aclaren las
medidas de protección con las que contaba María del Carmen Marín, la
mujer de 41 años que el pasado 2 de agosto fue asesinada en su domicilio
de Berja presuntamente a manos de un individuo quien había sido
denunciado previamente, había sido detenido y sobre el que pesaba una
orden de alejamiento.
Máximo nivel Las preguntas, elaboradas por la “número dos” del Grupo Socialista en el Congreso en materia de violencia de género, la diputada por Madrid Angeles Alvarez, señalan que el sospechoso, que fue detenido días después en un municipio vecino, había sido denunciado por violencia de género el 25 de junio, con lo que tenía en vigor una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la mujer.
No obstante, la diputada añade que el presunto homicida "violó dicha orden de alejamiento, motivo por el que permaneció bajo arresto domiciliario, hasta el pasado 30 de julio, si bien la orden de alejamiento tenía vigencia hasta el 21 de octubre".
Ante esta situación, Alvarez pregunta si en el momento del crimen se hallaba vigente alguna orden de alejamiento o se había producido por parte del juzgado señalamiento de alguna otra medida cautelar o de protección.
Asimismo, pide conocer si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado habían realizado una valoración de riesgo en este caso después de que el presunto autor del crimen violara la orden de alejamiento. En caso afirmativo, se pregunta qué nivel de riesgo se apreció y qué protocolo se aplicó en función de dicha valoración. Del mismo modo, Alvarez solicita que se explique, en caso de que no se hubiera hecho una valoración de riesgo en este caso, qué habría motivado que el que no se hubiera hecho este trámite y si el Ministerio considera que en un caso con arresto domiciliario y orden de alejamiento es necesaria una valoración de riesgo o no.
Protesta ciudadana Por todas estas circunstancias amigos y familiares se han movilizado en varias ocasiones reclamando justicia y que se aclare lo que precisamente ahora lleva al Congreso el Grupo Socialista. A su vez y aunque no recibió amenazas, el juez implicado en todo el proceso judicial previo a la muerte de María del Carmen Marín pidió medidas de protección para su persona.
Máximo nivel Las preguntas, elaboradas por la “número dos” del Grupo Socialista en el Congreso en materia de violencia de género, la diputada por Madrid Angeles Alvarez, señalan que el sospechoso, que fue detenido días después en un municipio vecino, había sido denunciado por violencia de género el 25 de junio, con lo que tenía en vigor una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la mujer.
No obstante, la diputada añade que el presunto homicida "violó dicha orden de alejamiento, motivo por el que permaneció bajo arresto domiciliario, hasta el pasado 30 de julio, si bien la orden de alejamiento tenía vigencia hasta el 21 de octubre".
Ante esta situación, Alvarez pregunta si en el momento del crimen se hallaba vigente alguna orden de alejamiento o se había producido por parte del juzgado señalamiento de alguna otra medida cautelar o de protección.
Asimismo, pide conocer si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado habían realizado una valoración de riesgo en este caso después de que el presunto autor del crimen violara la orden de alejamiento. En caso afirmativo, se pregunta qué nivel de riesgo se apreció y qué protocolo se aplicó en función de dicha valoración. Del mismo modo, Alvarez solicita que se explique, en caso de que no se hubiera hecho una valoración de riesgo en este caso, qué habría motivado que el que no se hubiera hecho este trámite y si el Ministerio considera que en un caso con arresto domiciliario y orden de alejamiento es necesaria una valoración de riesgo o no.
Protesta ciudadana Por todas estas circunstancias amigos y familiares se han movilizado en varias ocasiones reclamando justicia y que se aclare lo que precisamente ahora lleva al Congreso el Grupo Socialista. A su vez y aunque no recibió amenazas, el juez implicado en todo el proceso judicial previo a la muerte de María del Carmen Marín pidió medidas de protección para su persona.
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