La mujer irrumpió en clase y la emprendió con la docente delante del resto de estudiantes.
La última agresión a un docente en Almería se ha saldado, de momento, con una profesora de baja médica y el contundente rechazo de la Junta de Personal Docente que, en un breve comunicado enviado ayer mostró su “ profunda indignación” por el suceso y reclamó a la Administración educativa “medidas más eficaces y contundentes que las que se están llevando a cabo hasta el momento” en los centros educativos.
En el mismo escrito, la Junta de Personal Docente pedía a la comunidad educativa y “especialmente a las familias” que apoyen la labor del profesorado “y marginen y denuncien a aquellos que pretenden introducir la ley del más fuerte en los entornos educativos”. “La excepción se ha convertido en la norma y las conductas agresivas se repiten en nuestros centros”, señalan los representantes de la Junta de Personal Docente.
Según ha podido conocer LA VOZ DE ALMERÍA, los hechos sucedieron a comienzos de la semana pasada en el instituto Alhadra cuando la madre de una alumna, que habían tenido ya varios encontronazos con los profesores del centro, irrumpió en clase y se encaró con la docente, a la que insultó y trató de zarandear delante de los alumnos. La profesora se encuentra de baja médica desde entonces, pero se desconoce tanto si el centro educativo como la propia docente han interpuesto denuncia contra la agresora.
La decisión de no facilitar más datos sobre el suceso fue tomada por la Junta de Personal Docente tras entrevistarse con la dirección del centro para aclarar lo ocurrido. El instituto tampoco quiso que su nombre apareciera asociado a esta nueva agresión a un profesor.
Uno de cada cuatro
Según denunció en este periódico el pasado mes de abril la Junta de Personal Docente, uno de cada cuatro profesores sufre agresiones verbales y físicas en su lugar de trabajo. “Las falta de respeto al profesorado por parte de los alumnos, pero también de los padres de estos alumnos, se han convertido en la norma habitual”, señalan.
El curso pasado se registraron solo cuatro denuncias por agresión en centros educativos. La proporción es pequeña si se compara con el número total de docentes, 9.000 entre Primaria y Secundaria, pero no es real, según denuncian los representantes de los sindicatos. “Hay menos denuncias, pero me niego a decir que haya menos agresiones. Lo que han conseguido los protocolos que hay en marcha, que son burocráticos y farragosos, es que la gente no denuncie”, explica uno de los integrantes de la Junta de Personal Docente.
El trámite al que se refiere es el Protocolo de Actuación ante agresiones a profesores que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2007. “Es obvio que no está dando resultados”, dice. Su opinión la comparten el resto de representantes del profesorado.
La dirección de cada centro tiene que introducir en el Programa Séneca -una aplicación de la Consejería de Educación sobre la gestión administrativa de la labor docente- los partes que reciben del profesorado. Esa información le llega a la delegación territorial, que establece una especie de ranking que hace que los centros “entren en una competición absurda” para no ser considerados como conflictivos, según critican los sindicatos.
¿Qué ocurre entonces? “Pues que hay partes que no se mecanizan. La indisciplina se mantiene porque el alumno ve que, aunque se meta con el profesor, no pasa nada. Y eso crece hasta que se llega a los casos extremos de agresión física”. “El problema no es que ocurra, sino que se sepa”, opina otro representante sindical de la Junta de Personal Docente.
Este órgano cree que ante las agresiones, la administración debería actuar de oficio es decir, formular denuncia quiera o no el profesorado. Hasta ayer, de momento, el caso de esta última agresión aún no había llegado a la Inspección educativa.
Suben un 15% las denuncias
El último informe de ANPE señala que 2.249 profesores fueron atendidos el curso pasado por el defensor del profesor del sindicato, un 15% más que el curso anterior, casi 300. Desde su puesta en marcha en 2005 se han atendido 32.538 casos de docentes que han sufrido actos violentos.
(La voz de Almería)
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