Castellón anunció una ampliación del Catálogo de Bienes Protegidos para otros 15 inmuebles, pero no los detalla.
Hacer una ampliación de urgencia del Catálogo de Bienes Protegidos de la ciudad es la fórmula que ha encontrado el equipo de Gobierno para evitar la demolición al completo de la Casa de los Góngora, vivienda no incluida actualmente.
Lo daba a conocer el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel Castellón, durante el debate de la moción presentada por Ciudadanos para paralizar el expediente de demolición. De hecho aseguraba que para evitar más casos como éste “se está trabajando en ampliar el catálogo en otros quince inmuebles más del actual independientemente de que luego se pueda ampliar con el nuevo Plan General”. Eso sí, no se quiso detallar cuáles son los inmuebles sobre los que se está trabajando.
A través de este sistema se conseguiría paralizar el proceso de demolición de la vivienda y del resto de edificios mientras se aprueba un nuevo PGOU aunque para eso tendrá que dar su visto bueno la Delegación de Cultura. Según Castellón el proceso en esta vivienda ha seguido adelante porque “no hay ningún técnico municipal capaz de firmar la solidez del edificio” y argumentaba que “hay una orden judicial y dos informes de bomberos” que aseguran que puede ser un riesgo que se mantenga en pie.
Lo curioso de este tema es que el procedimiento de ruina lleva abierto desde el año 2013 y no se ha ejecutado actuación alguna en él, según el equipo de Gobierno porque no ha habido forma de localizar a los propietarios.
Delito
Sea como sea lo cierto es que la movilización de la Asociación de Amigos de la Alcazaba es la que frena la actuación y según explicaba el concejal socialista, Cristóbal Díaz, permite que “el Ayuntamiento no incurra en un delito contra el Patrimonio porque el escudo que se encuentra en la fachada es un Bien de Interés Cultural (BIC) como los otros tres escudos que hay anteriores al siglo XIX en las viviendas de la ciudad”.
Esto supone el tener que mantener su soporte, es decir, la fachada y según Díaz la Junta de Andalucía ha pedido entrar a la vivienda para ver si hay algo más susceptible de proteger teniendo en cuenta que desde la asociación patrimonialista reclamó también preservar la escalera y el patio pero no se conoce su estado.
Insistía Díaz en que la administración autonómica ya pidió en 2015 su catalogación con nivel 1, pero también es cierto que no se aprobó ese catálogo ni el PGOU, por lo que no se movió nada.
Compra
Cs como estaba previsto defendió el proteger el inmueble como proponente de la moción e Izquierda Unida respaldó la visión del poco cariño que se ha dado al patrimonio en la ciudad en la época del desarrollismo.
En lo que no hubo acuerdo es en la intención de adquirir el inmueble que ponía sobre la mesa la formación naranja. IU no lo tenía claro sin ver informes económicos y pedía su retirada, desde el Grupo Socialista también lo hacían por plantearles dudas jurídicas. Castellón fue el más claro afirmando que si no habían sido capaces de entregarles notificaciones en 9 años “¿cómo los vamos a encontrar para firmar una escritura ante un notario?” y ante la posibilidad de expropiarlo explicaba que solamente hay dos opciones “o por catalogación porque se vaya a destinar a dotación pública” y no tiene claro que pudiera hacerse.
Al final se eliminó, se dejó para el Consejo Local de Patrimonio, y hubo unanimidad.
(La voz de Almería)
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