A. C. N. regentaba una gestoría y tiene abiertos otros procesos por presuntos fraudes investigados por la Tesorería General de la Seguridad Social, Extranjería y el Cuerpo Nacional de Policía en Almería.
Según la sentencia, el acusado en el año 2010 solicitó a una mujer “una cantidad de 1.200 euros a cambio de entregarle una documentación para solicitar la residencia legal en España, que con posterioridad presentaría en la Oficina de Extranjería de Almería, siendo finalmente desestimada su solicitud”.
Ese mismo año repitió la maniobra con otra mujer. Esta vez cobró 450 euros por “un contrato de trabajo ficticio, pues se hacia constar en él una contratación laboral para la prestación de trabajos inexistentes,simulándose además la firma del empresario contratante”, añade el tribunal.
El mecanismo era sencillo. Los interesados pagaban por el contrato. A. C. N. gestionaba la obtención de la documentación con los datos de empresarios que desconocían tal circunstancia. Luego, los inmigrantes acudían a la Oficina de Extranjería para tramitar su regularización en España gracias a su nuevo empleo.
La Sección Tercera de la Audiencia de Almería consideró los hechos como constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial y estafa. La Seguridad Social se personó como acusación por los daños ocasionados a la Administración. El tribunal impone también una multa superior a los 6.000 euros.
El acusado cobró entre 1.200 y 450 euros a inmigrantes en busca de permisos de residencia
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