La obra estandarte del plan Almería Urban, el edificio del Mesón Gitano, sentará en el banquillo a siete imputados, entre ellos altos funcionarios del Ayuntamiento de Almería y representantes de la empresa adjudicataria del proyecto y obra, Facto, en un juicio oral que terminará por discernir la existencia de dos posibles delitos penales, prevaricación y tráfico de influencias, en la adjudicación del polémico inmueble a los pies de la Alcazaba.El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha dado por concluida las averiguaciones cursadas, emplazando, a través de una resolución, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas, el Colegio Oficial de Arquitectos y la formación política UpyD, que formulen en el plazo de diez días (antes de final de año), escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa, posibilidad ésta que en principio se descarta. A los cuatro funcionarios municipales y a las tres personas vinculadas a Facto, les recuerda la posibilidad del recurso de reforma (variando la resolución judicial, atenuándola o dejándola sin efecto), o recurso de apelación.
También cabe la posibilidad que las acusaciones particulares puedan solicitar diligencias complementarias e incluso la ampliación del listado de imputados, entre los que no figura ningún responsable político.
La resolución llega después de más de dos años de indagaciones sobre las posibles irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación, con un sumario que alcanzaba el pasado año los tres tomos y más de medio millar de páginas, entre las que se incluyen el informe de la Policía Judicial, con escuchas telefónicas, declaraciones tributarias y averiguaciones sobre el patrimonio de los investigados, así como citaciones a las personas involucradas.
La fase de instrucción del proceso penal, iniciada tras la denuncia presentada en marzo de 2014 por el Ministerio Fiscal al apreciar que la actuación en el seno de la empresa municipal Almería Urban -encargada de gestionar los fondos europeos y de la contratación de obras como la del Mesón-, podría constituir los presuntos delitos citados, responde a las denuncias en su día formuladas, de manera independiente, por los arquitectos y la formación magenta.
El Colegio de Arquitectos, que recurrió en su día la licitación conjunta del proyecto y obras, acudió en 2013 a la Fiscalía por la presentación al concurso de dos proyectos idénticos firmados, no obstante, por diferentes profesionales y empresas constructoras, resultando una de ellas, Facto, la adjudicataria, frente a Salcoa. Semanas más tarde, UPyD decide también presentar denuncia en la que, además, se aludía "a la estrecha relación que existe entre ambas empresas", así como con "técnicos municipales" que se encargaron de evaluar las ofertas.
El Ministerio Público formulaba, en marzo de 2014, denuncia por la vía de lo penal por los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Imputados siete altos funcionarios y responsables de la constructora por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
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