Eran las seis de la madrugada de ayer domingo cuando comenzaron a desplegarse por el barrio de El Puche, una de las zonas más deprimidas socioeconómicamente de la capital, una gran cantidad de fuerzas policiales. Cerca de una treintena policías locales, apoyados por alrededor de quince miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), adscrita a la Policía Nacional, se posicionaron en cinco puntos de El Puche para impedir que se instalaran los puestos del mercadillo ilegal que desde hace varios años se monta en un gran descampado, de miles de metros cuadrados y ubicado junto a la calle Pasaje Soñadoras. Los controles y presencia policial consiguieron finalmente que los vendedores no instalaran sus puestos y provocaron que la práctica totalidad de los clientes, informados de que no se celebraría venta ambulante alguna, decidieran dar media vuelta.
Tensión A pesar del gran malestar existente entre los vendedores afectados, así como entre los vecinos del barrio, no hubo ninguna muestra especial de tensión o crispación, pero si de rabia e indignación contenida contra la decisión tomada por el Ayuntamiento de Almería de impedir la instalación de este mercadillo, que lleva años funcionando de forma irregular. El hecho de que se hubiera informado previamente a través del reparto de octavillas en las que se señalaba que “no se permitiría la venta ambulante fuera de los mercadillos autorizados por la ordenanza municipal, en esta zona (El Puche) ni en ninguna otra del municipio” resultó a todas luces efectivo.
Desde el Ayuntamiento se afirma que su deber es hacer cumplir las ordenanzas municipales, regularizar el sector de la venta ambulante en el municipio y conseguir que el autobús pueda recorrer todos los domingos el barrio de El Puche para dar servicio con normalidad a los vecinos.Por su parte, vendedores y vecinos aseguran que “no se rendirán” y piden al Alcalde una reunión para abordar la situación. Cuentan con el apoyo y asesoramiento de la ONG Almería Acoge, quien les está gestionando una reunión con la Concejalía de Salud y Consumo. Asimismo, y como medida de presión, los vendedores ambulantes afectados están desarrollando una campaña de recogida de firmas -ya llevan cerca de un millar- para solicitar tanto “la regularización del mercadillo como su cambio de ubicación a un sitio más adecuado para todos”.
Los vendedores están convencidos de que el cierre del mercadillo provocará graves consecuencias económicas para ellos y sus familias. Abdel, uno de los doscientos vendedores afectados, asegura “que lo único que hacemos aquí es buscarnos la vida, ganar algo de dinero para poder alimentar a nuestros hijos”. Francisco, otro vendedor ambulante, se pregunta que van a hacer ahora los afectados. “Si no podemos vender, ¿cómo vamos a dar de comer a nuestras familias?. Todos estamos en paro, la mayoría sin ayudas de ningún tipo, y ahora nos quitan esto”, asegura.
Un gran despliegue policial impidió ayer domingo el montaje de los puestos de venta ambulante
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