El Acebuche lucha contra el mercado negro de teléfonos, una amenaza poco conocida.El interno despide a sus familiares en los aparcamientos para visitantes ubicados a las puertas de El Acebuche. Carga la mochila en un hombro, prepara la documentación y consume en pocos pasos los últimos metros de su permiso penitenciario.
Los funcionarios examinan minuciosamente sus pertenencias. Registran sus ropas, sus zapatos, sus objetos personales. Nada. Y entonces una incomodidad disimulada. Cierta rigidez en los movimientos del interno. Cazado.
El recluso guarda en el ano un objeto extraño. El personal sospecha que puede tratarse de un pequeño paquete de droga escondido en el organismo para saltar los controles y propiciar el mercado ilícito en el interior del recinto, un grave peligro para la seguridad de la prisión; sin embargo, la sorpresa tiene teclas, una batería de litio, una cámara fotográfica y hasta un diminuta pantalla LCD.
Un teléfono móvil. El aparato tiene el tamaño de un pen drive, pesa menos de cien gramos y cuesta apenas 30 euros en cualquier bazar, tienda de electrónica o portal de ventas de Internet. Es barato, sencillo y accesible para cualquier bolsillo.
Las cifras
Y también peligroso, especialmente para la vida penitenciaria. El personal de El Acebuche ha decomisado 20 teléfonos móviles a internos del centro en el primer trimestre del ejercicio 2018, más que en todo el año pasado.
La cifra se dispara en la comparación interanual. Según estadísticas facilitadas por el Gobierno en el Senado, los funcionarios han interceptado 200 teléfonos en la cárcel de Almería desde el ejercicio 2002 (11.000 teléfonos en todos las prisiones españolas).
Según personal del centro consultado por LA VOZ DE ALMERÍA, “los teléfonos móviles se venden o se alquilan entre internos para contactar con el exterior, fuera de las normas penitenciarias (...) se genera un mercado clandestino peligroso”.
La respuesta de Instituciones Penitenciarias es firme. Aunque la tenencia de un teléfono móvil no es un delito y, por tanto, no pueden tomarse medidas penales, Prisiones cuenta con las posibilidades de su régimen disciplinario.
“La tenencia (de un teléfono móvil) es susceptible de ser tipificada como una falta grave, castigada con las sanciones previstas en el Reglamento Penitenciario”, señala el Gobierno en una respuesta oficial ofrecida en el Senado.
Medidas disciplinarias
Es decir, El Acebuche no puede iniciar medidas penales contra el recluso (no es un delito), pero sí puede limitar su acceso a permisos, comunicaciones y ciertas actividades, por ejemplo.
Además, la prisión juega otra baza. Todos los hallazgos de teléfonos a internos se ponen en conocimiento de los juzgados encargados de sus casos. La cuestión no es baladí. Los contactos con el exterior pueden influir decisivamente en investigaciones judiciales en curso y, en ocasiones, promover actividades ilegales. Por todo ello, El Acebuche informa a los jueces de cualquier movimiento sospechoso.
El peligro del contacto de los presos con el exterior siempre ha existido, sin embargo, la dimensión del problema creció con la aparición de teléfonos móviles tan pequeños y accesibles. Un peligro tecnológico.
Teléfonos y cámaras ocultos en bolis y relojes
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reconoció el riesgo para la seguridad de las cárceles y lanzó una instrucción en 2010 destinada a regular el peligro de las nuevas tecnologías. “Además de los típicos objetos prohibidos clásicos (...) están apareciendo otros de corte más sofisticado”, señala el organismo dependiente del Ministerio del Interior.
El documento menciona expresamente “medios de comunicación con el exterior, teléfonos móviles con cámaras fotográficas, con grabación y videoconferencia, relojes grabadores, relojes con cámaras fotográficas incorporadas y bolígrafos pistola”.
Los funcionarios deben incautar inmediatamente los aparatos localizados a los internos. La información sobre las llamadas (horas y destinatarios) o las fotos captadas pueden suponer un tesoro en investigaciones en curso.
“La información será remitida al Juzgado de Guardia correspondiente cuando haya indicios racionales de delito”, precisa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en su protocolo.
Desde el año 2000, la detección de móviles y cámaras en las prisiones españolas creció progresivamente. En 2010, Prisiones alcanzó la cifra más alta con 1.779 aparatos localizados en los registros, justo el mismo año de la aparición del protocolo de intervención lanzado por la institución.
Durante el ejercicio 2017 se encontraron en todo el país 1.300 teléfonos clandestinos, aunque en la fluctuación de las estadísticas influyen otros factores, como la notable reducción de la población reclusa.
(La voz de Almería)
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