Conclusiones del escrito de acusación de la Abogacía del Estado.La investigación judicial del caso Poniente por el presunto saqueo que durante casi quince años estuvo padeciendo el Ayuntamiento de El Ejido -aunque sus efectos penales solo alcanzarían a siete- atribuye un papel relevante y de participación activa a la empresa Abengoa, la multinacional de capital andaluz con la que el gobierno municipal ejidense encabezado por Juan Enciso se asoció para formar la empresa de servicios Elsur.
El último escrito de acusación conocido, el que corresponde a la Abogacía del Estado, viene a recoger las conclusiones que ya apuntaron informes periciales de la Administración General del Estado y de Hacienda en el sentido de que Abengoa no solo no puso freno a los presuntos desmanes que se estaban cometiendo en Elsur, de la que el socio privado tenía el 70% del accionariado, sino que, antes bien, se benefició de ellos.
Ese beneficio tiene cifra: algo más de 16 millones y medio de euros. Sería la cantidad que dos de las sociedades del Grupo Abengoa, concretamente Befesa Agua y Aygesa, facturaron a la sociedad municipal entre 2002 y 2009 en concepto de teóricos servicios de asesoramiento técnico prestados a Elsur. Sin embargo, la Abogacía del Estado, apoyándose en los informes de Hacienda, considera demostrada la falsedad de esa facturación que, de acuerdo con su tesis, no era otra cosa que “una manera de remuneración para el socio privado, que justifica el porqué no se preocupó por no haber recibido nunca dividendos de Elsur”.
Al estar recibiendo ya remuneración por esa vía, Abengoa evitaba además compartir los beneficios de Elsur con el socio público, es decir, con el Ayuntamiento de El Ejido, subraya el escrito de acusación firmado por el abogado del Estado Guillermo Leiva.
Delitos fiscales
El Ministerio Público pide en total penas que suman 741 años de prisión para 35 de los 65 imputados del Caso Poniente por la presunta comisión de 33 delitos contra la Hacienda Pública en concepto de cuotas defraudadas de Impuesto de Sociedades, de IVA y de IRPF en varias de las decenas de mercantiles que operaron. El importe del fraude sería de más de 18 millones, cantidad que reclama el Estado como responsabilidad civil a esos 35 y otros 7 imputados más y a 22 sociedades.
En concreto, las responsabilidades penales y civiles que reclama el Estado por delitos fiscales están localizadas en la actividad de Elsur, Sistemas de Dirección, Contenedores Lirola, Clabert Gestión y Euria Sol.
Levantamiento de velo
Es contra las que el Estado actúa en este procedimiento judicial aplicando la doctrina de “levantamiento del velo” para impedir que eludan las obligaciones fiscales.
En el caso de la propia Elsur, la Abogacía del Estado localiza fraude en el Impuesto de Sociedades y el IVA correspondiente a siete ejercicios fiscales y responsabiliza de ello a los administradores de la empresa pública y también a varias de las sociedades subcontratistas, concretamente las del grupo liderado por José Amate Rueda y las del grupo de Juan Antonio Galán. Según la argumentación del letrado público, el fraude viene derivado precisamente del mecanismo de la subcontratación, que habría estado sirviendo para inflar los gastos de Elsur y reducir sus beneficios, de manera que ingresaba menos a la Hacienda.
El fraude por ambos conceptos supera los 14 millones de euros, según las cuentas del Ministerio Público. Las empresas de Amate sobrefacturaron a Elsur por un importe superior a 24 millones de euros, mientras que las del Grupo Galán sobrefacturaron por encima de los 15 millones.
En el caso de Sistemas de Dirección, la sociedad pantalla – así la considera la investigación judicial- creada por el exinterventor municipal José Alemán, el perjuicio a Hacienda viene derivado del impago del IRPF entre los años 2003 y 2009, como consecuencia precisamente de haber sido una mercantil utilizada como artificio para presuntamente cobrar comisiones ilegales de empresas que se habrían beneficiado de contratos municipales.
Renta personal
La empresa de Alemán generó ingresos por casi 7,5 millones de euros en siete años, procedentes de sus clientes Contenedores Lirola, empresas del grupo Galán, empresas del Grupo Aragón, empresas del Grupo Amate y Colaboradora de Gestión y Recaudación, todo ello por unos presuntos asesoramientos inexistentes. Al llegar a esta conclusión, el abogado del Estado considera que lo ingresado por Sistemas de Dirección es imputable a la renta personal de José Alemán y, en consecuencia, sujeto al pago de IRPF.
Por su parte Contenedores Lirola, Clabert y Euria Sol también habrían cometido presuntos fraudes fiscales por los que el Ministerio público les acusa en su relaciones mercantiles con las otras empresas de la trama, en casi todos los casos por pagar menos Impuesto de Sociedades al imputarse gastos con presunta facturación falso que habrían disminuido sus beneficios.
(La voz de Almería)
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