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Un pueblo de mil habitantes con tres alcaldes condenados por la justicia

La Audiencia Provincial inhabilita por siete años al actual regidor Antonio Peñuela.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a siete años de inhabilitación para cargo o empleo público  al alcalde de Partaloa, Antonio Peñuela, como autor de un delito de prevaricación administrativa. El fallo, contra el que no cabe recurso ordinario, también considera culpables del mismo delito al concejal en activo Enrique Montalvo y al exalcalde socialista, Federico Molina, con idéntica condena.

Los hechos investigados sucedieron tras las elecciones de 2011, cuando el secretario fue cesado al llegar estos al equipo de Gobierno “sin respetar el procedimiento legalmente establecido y conociendo que carecían de competencia para ello”, reza la sentencia.

Peñuela se presentó a las pasadas elecciones municipales de 2015 con el partido independiente Agrupación de Electores de Partaloa (Adepart), siendo el número dos de la lista el edil también condenado, Enrique Montalvo. El fallo del 26 de abril rectifica la anterior sentencia del Juzgado Número 2 de lo Penal, que absolvió a los tres concejales ahora condenados dejando como único culpable al exalcalde popular José González, que fue inhabilitado durante ocho años para empleo público.

Un pacto extraño
Tras la última sentencia el pueblo de Partaloa, con algo menos de 1.000 habitantes, acumula tres alcaldes condenados: José González, Federico Molina y Antonio Peñuela. Los dos últimos acudieron a las elecciones de 2011 con el Partido Socialista, si bien fueron expulsados por el PSOE cuando pactaron para llegar al Gobierno con el único concejal del PP, el también condenado José González, al que le dieron la Alcaldía. Es más, en el caso de Molina esta sentencia se una a otras como la que le condenó en 2015 a 18 meses de prisión y nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística y otro de omisión del deber de perseguir delitos.

El abogado del secretario, Alfredo Najas de la Cruz, reconoce que “tanto mi cliente como yo estamos satisfechos”  con que finalmente la Audiencia haya concluido “que el cese era manifiestamente ilegal, y que intervinieron tanto el alcalde como los tres concejales”.

Sentencia revocada
Najas de la Cruz ha explicado que “a pesar de la dificultades que entraña revocar una sentencia con un pronunciamiento absolutorio”, dice en referencia a la anterior sentencia que exculpaba a los tres concejales, “era tan palmaria la ilegalidad del acuerdo que la Audiencia ha estimado la posición de esta parte, que es la misma que ha venido manteniendo desde el principio”.

El letrado ha destacado que el secretario despedido, Mario Callejón, declaró en juicio que su cese por parte del equipo de gobierno estuvo motivado porque los concejales que lo formaban “no estaban cómodos con su actitud de colaboración ante las peticiones de Fiscalía o el Seprona sobre asuntos relacionados con la construcción de casas en el campo”. Igualmente, el secretario que fue cesado semanas después de las elecciones, puso de manifiesto que el actual alcalde, Antonio Peñuela “había sido apoderado de una mercantil con fuertes intereses urbanísticos en la zona, y sobre la que se estaba solicitando información urbanística desde la Administración de Justicia”.



Satisfacción del Colegio Provincial de Secretarios
El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local de la Provincia de Almería ha mostrado su “satisfacción” por la sentencia de la Audiencia Provincial “por la destitución ilegal de don Mario Callejón”. Para el Colegio Provincial “es muy importante que los miembros de este colectivo, garantes de la legalidad en los ayuntamientos y demás entidades locales, resulten protegidos por la Administración de Justicia ante los ataques que a veces se producen contra dichos funcionarios”. Por ello, el colegio ha mostrado en todo momento su “total apoyo y refrendo a la denuncia presentada por Mario Callejón” y quiere resaltar “la importancia de hacer que se respeten las funciones del colectivo” al objeto de “garantizar un funcionamiento adecuado de nuestras administraciones locales”.
(La voz de Almería)

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