El delegado de Medio Ambiente de la Junta, Antonio Martínez, ha explicado que la licitación para la gestión del Centro de Servicios Litorales de Mónsul se ciñe estrictamente a la legalidad vigente, definida por las normas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y define la "hoja de ruta" a seguir para garantizar la conservación y el fomento de iniciativas de desarrollo sostenible.“Por tanto –insiste el dlegado- no hablamos de un bar en la playa, sino de un Centro de Servicios litorales, situado a 300 metros de la playa de Mónsul, creado hace 18 años al rehabilitar las ruinas de una antigua casa-cuartel y que fue transferido a la Junta por el Estado en 2013 con ese fin”.
El centro dispone de una superficie total construida de 234 metros cuadrados, de los que 81 se destinan a la unidad de interpretación geológica e información, 22 a aseos, 71 de servicios múltiples y 60 para el servicio de restauración.
Uso público
La creación del centro se enmarca dentro de la Estrategia de Uso Público de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y responde a las responsabilidades adquiridas con las dos figuras internacionales con las que el Parque Natural se ha visto avalado por sus buenas prácticas de gestión (Reserva de la Biosfera y Geoparque), apostando por el Geoturismo, el Ecoturísmo y la Gestión Integrada del Litoral.
Las funciones que desarrollará son las de interpretación e información ambiental, para la orientación de los visitantes, así como para canalizar el flujo de visitantes y evitar o minimizar los efectos derivados del turismo convencional de sol y playa, como la instalación de servicios de WC que eviten los perjuicios de su actual ausencia.
Con esta actuación Cabo de Gata, se actúa como en otros espacios naturales de la provincia y de Andalucía: Sierra de María, Sierra de Filabres, Torcal de Antequera o Parque Natural y Geoparque de Sierra Norte, de forma legal y en un marco de desarrollo endógeno y economía verde.
El delegado señala que el pliego es “impecable” y ha animado a que sea consultado “para que se pueda comprobar que la alarma social generada no se corresponde con la realidad”.
Ha destacado algunas de las obligaciones del gestor: mantener y conservar la totalidad de la finca, servir de punto limpio para la retirada de residuos o mantener un horario de información-interpretación no inferior al 75 por ciento del horario de apertura del servicio de bar.
El delegado considera que no hay motivos para la alarma social
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