Puerta a puerta en EL PUCHE

La Junta realiza de forma periódica visitas a las viviendas para valorar la situación en la que se encuentran sus habitantes En el marco de la ley, se ayuda o regulariza la situación, o se aplica la legislación si no se cumplen los requisitos Entre los objetivos, cuidar el parque de viviendas para evitar ventas 'ilegales' o dejación en los pagos.

La forma de actuar sobre los barrios supone fórmulas distintas porque cada cual tiene su peculiaridad. En Almería, El Puche, combina numerosas acepciones: reciente creación (pero no viviendas bien hechas), un parque de viviendas que se hace anciano, mayoría de población extranjera, trabajo por la integración y necesidad continua de servicios públicos que no terminan de llegar en las mismas condiciones que a otras zonas de la capital. El Puche ya no tiene ni servicio de autobuses urbanos. 

Por eso, hay quien considera que necesita auxilio y se posiciona en contra de la postura que consiste en restar prestaciones a pesar del sublime esfuerzo que supone llevar a cabo una actualización de la zona. 

Recientemente, el barrio ha sido noticia porque la compra-venta ilegal de locales que en su momento fueron construidos por Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La idea era convertirlos en espacios de reunión para asociaciones de vecinos, pero fueron vendidos a inmigrantes por un bajo precio, estos los cerraron con muros externos (no estaban construidos aún) y los convirtieron en viviendas. 

Esto no es algo nuevo. Sucede desde un par de décadas después de la construcción del barrio (1975). Hasta allí llegaron familias, en gran parte de etnia gitana, que fueron reubicadas. Pero llegó el momento en que encontraron oportuno salir, así que en la década de los noventa fueron los inmigrantes los que vieron una posibilidad de vida mejor entrando a vivir en la zona. Era un paso hacia adelante en su bienestar. Muchos de estos, como los de antes, echaron raíces y se integraron en las costumbres de este barrio almeriense. Pero al igual que virtudes, a la zona también le surgieron defectos. Fue entonces cuando se creó un mercado ilegal de las viviendas construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda al inicio de la década de los setenta. Falsos propietarios que sin licencia han ido traspasando los hogares. Así, hasta el punto en el que la población inmigrante se hace mayoritaria en el barrio (a mitad de los noventa). Fue ese el momento en que la Junta de Andalucía creyó necesario declarar a la zona como área de rehabilitación integral. El nivel socioeconómico del barrio se fue empobreciendo hasta el punto de convertirse en una de las zonas degradadas de la capital almeriense. 

A las administraciones les resulta imposible llevar a cabo un trabajo de control exhausto sobre el desarrollo de esta práctica de compra y venta. Aun así, el cometido se está llevando a cabo. La Junta de Andalucía, a través de AVRA, incorporó en su esquema de trabajo actuaciones de puerta a puerta, casa por casa, para conocer de primera mano cuáles es la situación, primero de las personas y después de las viviendas. Un proceso lento, apuntas fuentes de la Agencia de la Vivienda, y con un presupuesto ajustado a la actualidad económica, que está dando sus resultados pero que requiere la ayuda de otras administraciones locales, caso del Ayuntamiento de Almería, a quien se le alaba su cooperación pero se le critica su falta de inversión económica en la zona. 

Trabajadores de AVRA se desplazan hasta las viviendas para llevar a cabo una comprobación íntegra del estado de sus inquilinos (condiciones de vida) y de las viviendas (si su licencia se ajusta a la legalidad o no). A raíz de sus conclusiones, se actúa. Si es posible llevar a cabo una regularización de los contratos se realiza, pero hay casos en los que no es posible, como que sus habitantes no tengan permiso de residencia, por ejemplo, y entonces se deja actuar a las autoridades pertinentes para que apliquen la legislación vigente, terminando en determinados casos en el desalojo de los residentes. Arquitectos, trabajadores sociales y técnicos jurídicos participan en este proceso de normalización, que se intensificó con la llegada de Joaquín Jiménez a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía. Durante 2015, se puso especial atención en las viviendas en régimen de alquiler y fueron 500 las actuaciones de este tipo que AVRA desarrolló. 

En el último estudio que la administración regional aplicó en la zona (Inmigrados al límite), un 41% de los habitantes decía tener un contrato escrito, el 45,4% verbal y el 13,6% no dispone de contrato. De este documento se extrae que El Puche es el barrio de la capital donde más inmigrantes sin contrato hay. Pero, entre quienes declaran tenerlo, al 81,5% le dura 12 meses, el 8,2% dice que su contrato está firmado como mínimo por seis meses y el 4,8% por ocho meses. El estudio ponía de manifiesto que existe una alta inestabilidad, puesto que sólo el 2,1% tiene un contrato por más de un año. El resto debe renovarlo cada año o menos. En consecuencia, sólo disfrutan, de manera general, de una vivienda estable el 39% de los inmigrados (propietarios e inquilinos con contratos de más de un año), cifras que ascienden al 56,3% en El Puche. 

La población del Puche se aproxima a 8.000, la diferencia estriba que en dicho barrio se experimenta, permanentemente, un importante flujo de personas que entran y salen sin registrarse en ningún lado, especialmente entre la comunidad gitana e inmigrada. 

En Almería, al igual que en otras ciudades de países desarrollados, se ha producido un fenómeno conocido como gentrificación, que consiste en la revitalización de los centros históricos de las ciudades. De esta manera, zonas que se encontraban deterioradas se benefician de una serie de mejoras e inversiones que las dotan de un mayor estatus y, a su vez, atrae a las clases medias y altas. Sin embargo, como proceso paralelo, los barrios donde se asienta la población más pobre sufre un permanente abandono, debido al deterioro de las características físicas, sociales e institucionales. 

El 43% de los ciudadanos no cuenta con estudios y la tasa de paro supera la mitad de al población. Es difícil encontrar un empleo estable pues la tasa de ocupados eventuales es alta, con un 84,27%, casi tres veces la media de la capital. De los 7.500 habitantes, más del 70% son inmigrantes, la mayoría procedentes de Marruecos. En cuanto al resto, cerca del 15% de los habitantes de la zona son de etnia gitana. 

Los vecinos reclaman mobiliario urbano y rehabilitación de edificios además de la remodelación de sus infraestructuras, apenas modernizadas desde la década de los 70. 

Su construcción radica de las inundaciones que dejaron sin poder habitar sus viviendas a numerosos vecinos de barrios de la periferia como Pescadería. Se crearon algo más de 1.400 viviendas para albergar a más de 3.500 ciudadanos de forma provisional, pero desde entonces han pasado 40 años y la situación ha empeorado.