Dos profesores de Derecho de la UAL firman un manifiesto contra el referéndum.
El Gobierno de España exprime los recursos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en su plan de contingencia para impedir el referéndum de independencia de Cataluña del próximo domingo. El Ministerio del Interior moviliza a agentes de todos los puntos del país para reforzar el dispositivo de seguridad y evitar la consulta, una misión a priori encomendada por las autoridades judiciales a los Mossos d´Esquadra.
Almería aporta su granito de arena en estas tareas, un pequeño grupo de agentes que, sin embargo, suponen un enorme esfuerzo para las plantillas de ambos cuerpos en la provincia, siempre limitadas (en los últimos cuatro años han perdido 110 agentes, según datos oficiales del Ministerio del Interior).
Según fuentes policiales, medio centenar de agentes ‘almerienses’ se ha desplazado a Cataluña en los últimos días. La Guardia Civil destina 40 efectivos (Seguridad Ciudadana USECIC) y la Policía Nacional 12 (un subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción UPR).
Los agentes están especializados en la intervención en manifestaciones y grandes eventos, con formación en antidisturbios. Viajaron a Cataluña esta semana y se ponen a disposición del mando conjunto impulsado por el Ministerio del Interior, por encima de los propios Mossos (una decisión polémica por la posible usurpación de competencias transferidas a la comunidad autónoma).
Estos recursos son muy importantes para los servicios en Almería y suponen un sobreesfuerzo para las plantillas de la provincia. En la capital, por ejemplo, los sindicatos han criticado duramente la “falta de medios” para la atención de las pateras, que ha obligado a encomendar las tareas de custodia y traslado a agentes de la UPR, la misma unidad que ahora aporta sus agentes al dispositivo especial en Cataluña.
Empresarios
Por otra parte, las declaraciones en contra del referéndum aumentan con la cercanía de la consulta popular del 1-0. La patronal Asempal mostró en un comunicado de respaldo “a las instituciones del Estado en la defensa de la legalidad en Cataluña”.
Los empresarios advierten del “impacto para la economía, para las empresas y para la convivencia social” del referéndum. Los empresarios almerienses “muestran su firme compromiso con la Constitución, con la legalidad y el cumplimiento estricto de las leyes, así como con la legislación internacional, especialmente de la Unión Europea, que son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindibles para el desarrollo económico y social y la generación de empleo”.
“La Comisión Ejecutiva de Asempal manifiesta su total apoyo a las instituciones del Estado, al Gobierno de España, a las distintas instancias judiciales y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que garanticen el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en Cataluña”, añaden los empresarios en su declaración. La patronal de la provincia expresa su convicción de que, una vez superado “este desafío a la convivencia de todos”, es necesario “abrir las vías de diálogo oportunas” para encontrar “las soluciones oportunas para recuperar la normalidad democrática”.
Universidad
Los profesores de Derecho Internacional de la UAL Eva Díez Peralta y Jesús González Jiménez aparecen entre los 500 profesores y catedráticos de universidades españolas firmantes de la ‘Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña’.
Los cinco puntos del documento echan por tierra la argumentación del Gobierno catalán para avalar la consulta. Entre otras cosas, sostiene que la autodeterminación solo se contempla “en el caso de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjera”.
(La voz de Almería)
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