El Juzgado de lo Penal Número 4 de Almería acoge hoy el juicio por la construcción de 98 viviendas entre el año 2004 y 2006 en suelo fuera de ordenación del paraje de El Romeral-La Aljambra (Albox) y para las que la Fiscalía pide su demolición. “Fuimos víctimas del promotor y ahora somos de la justicia”, denunciaba en este periódico Bill, propietario de una de las casas cuando supo la petición del Ministerio Fiscal.
Después de tres años marcados por la incertidumbre, la situación de estos vecinos (la mayoría de origen británica) no ha mejorado. El asesor jurídico de AUAN (asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No), recuerda que “algunos pidieron al juzgado estudiar si podían conectarse a la luz porque estaban enfermos”. Tras el golpe que les supuso saber que la casa donde habían invertido sus ahorros podía desaparecer, esta petición tampoco fue aceptada. “El juzgado decidió que esa cuestión no le incumbía. Es un ejemplo de la situación de esa gente”, añade Vázquez para quien “lo justo sería no ordenar la demolición” ya que “no es obligatoria” y porque “son terceros de buena fe inocentes; inversores que confiaron sus ahorros”.
Pese a que las últimas modificaciones del Código Penal aseguran la indemnización antes de la demolición en casos de este tipo, el representante de los afectados espera no llegar a este extremo, puesto que alargaría el periplo judicial. “Añade 13 años desde 2004 a gente de 70 o 75 años. ¿Les vamos a pedir que esperen otros 13 años?”, se pregunta. “Estamos hablando de un pueblo. Multiplica el número de casas por una media de dos o tres ocupantes. Tenemos 300 habitantes”, enfatiza consciente de las graves consecuencias que tendría una demolición masiva. “Ya hubo un gran problema con la demolición de los Prior y hemos visto sus efectos humanos y en el mercado. Hay que dar seguridad a los inversores pero si demolemos 98 casas imagina el efecto que puede tener en la inversión extranjera”, reitera Vázquez.
Petición de la Fiscalía La Fiscalía solicitó para el promotor, J.F.A.H., dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, nueve meses por uno de desobediencia y cuatro años por otros dos delitos contra la hacienda. El Ministerio exige además una multa de 50 euros al día durante 24 meses, con 12 meses de prisión en caso de impago, y una segunda multa de 200.000 euros.
Por otro lado, pide para el arquitecto, D.L.A.H. dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y una multa de 50 euros al día durante 24 meses, con 12 meses de prisión en caso de impago. Tras el juicio de mañana los vecinos sabrán su la angustia que han vivido estos últimos trece años llega a su fin o tiene su continuidad en forma de demolición.
El Ayuntamiento, eximido de la fianza de 3,1 millones
Al principio del proceso, el Juzgado impuso 3,1 millones de fianza al Ayuntamiento de Albox como responsable civil en caso de demolición de las viviendas. Una petición que habría llevado a la bancarrota al municipio en caso de ser ejecutada y que fue puesta en duda incluso por el Defensor del Puebo Andaluz. Una decisión judicial posterior eximió al Ayuntamiento de dicha fianza. La justicia consideró que no intervino de forma “alguna” como para justificar su responsabilidad.
(La voz de Almería)
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