El Consistorio quiere de esta forma que la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio compruebe que los datos facilitados por estas personas coinciden con los que el Gobierno andaluz ya tiene de estos terrenos para poder efectuar la valoración de los mismos y así poder pagar a cada uno de ellos el justiprecio que corresponda.
Valoración El alcalde Gabriel Amat explica a LA VOZ que lo que se quiere es que “la Junta de Andalucía nos diga si la valoración que tiene hecha en el proyecto de urbanización es la correcta o qué tenemos que hacer para llevar a cabo la expropiación”.
“La valoración que tenemos es la que había y la Junta nos tiene que decir si hay que hacer otra. Nosotros pagaremos y nos quedaremos con el aprovechamiento urbanístico de aquellas personas que así lo quieran”, apunta Amat, añadiendo que en el caso de “aquellas personas con invernaderos que llevan años sin cultivar, queremos llegar a un acuerdo más que a una expropiación”.
A la espera Precisamente, poco antes de producirse este acuerdo de la Junta de Gobierno, el delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Joaquín Jiménez, manifestaba a LA VOZ que “en la Consejería todavía estamos pendientes de que el Ayuntamiento nos diga cómo se ha resuelto lo que se acordó en la asamblea informativa celebrada en el mes de abril”. Jiménez recordaba que “el alcalde se comprometió a atender las solicitudes de los que querían ser expropiados en lugar de acogerse al convenio urbanístico de Las Salinas”, asegurando que una vez se produjese la comunicación que ahora llevará a cabo el Gobierno local, sólo quedaría firmar una addenda al convenio rubricado hace diez años.
“Es el Ayuntamiento el que tiene que proponer la modificación de la addenda y el nuevo consejero tomará una decisión pero, entiendo que una vez el Ayuntamiento haya resuelto todo y ponga los suelos a disposición de la Consejería, las obras seguirán adelante”, añadía, censurando que los suelos aún no están en manos de la Junta tras trece
El Gobierno local remite a Fomento los expedientes de los que quieren ser expropiados
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