El Ayuntamiento de Huércal de Almería tendrá que indemnizar con 18.000 euros por daño moral a un policía local de su plantilla al que en 2008 la entonces alcaldesa, María Isabel Rodríguez Vizcaíno (IU), abrió un expediente disciplinario que luego revocó un tribunal por “desviación de poder” de la exregidora. Como consecuencia de esa sanción, el agente pasó todo un año de baja psicológica y en tratamiento.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 ha fallado hace unos días a favor de la reclamación del policía, quien ya en 2012 obtuvo una primera victoria contra el Ayuntamiento en los tribunales - en este caso por sentencia del Contencioso 1- al conseguir la anulación del expediente de sanción.
El caso se remonta a finales de abril de 2008, cuando el agente recibió, a través del jefe de la Policía Local, una orden expresa de la alcaldesa prohibiéndole realizar funciones de control y vigilancia de tráfico. Unos días antes de eso, ese agente había multado a dos coches en la calle donde residía la regidora, uno de ellos propiedad de un familiar de Rodríguez Vizcaíno. La relación de causa-consecuencia entre esos dos hechos quedó demostrada tiempo después en el primer pleito interpuesto por el policía.
Falta grave
Como fuera que este siguió todavía prestando servicios de tráfico durante algunos días, la alcaldesa le abrió un expediente de sanción “por la comisión de una falta grave de desobediencia a una orden dada por un superior”. Este hecho le provocó un estado de ansiedad, que le llevó a una baja de un año.
Tras su reincorporación, en mayo de 2009 el Ayuntamiento le comenzó a aplicar la suspensión de empleo y sueldo, que se prolongó durante cinco meses, mientras el agente, por su parte, interponía un recurso contra esa medida. En octubre de 2010 se suspendió cautelarmente la sanción en espera de juicio. Este llegó en marzo de 2012 y el tribunal le dio la razón: consideró demostrado que en el comportamiento de Rodríguez Vizcaíno existió “desviación de poder” puesto que había sido hasta entonces el único caso en que la regidora había dado personalmente una orden relativa a las funciones de un agente, algo que siempre hacía el jefe de la Policía Local. “Es evidente la actuación arbitraria de la alcaldesa”, sentenció entonces el magistrado del Contencioso 1, Tomás Cobo.
Meses después, ya en 2013, el afectado inició procedimiento judicial para ser resarcido por el tiempo de baja psicológica, una petición que le denegó el Ayuntamiento huercalense por la vía administrativa.
Ahora, la juez María del Carmen Hernández, asignada al Contencioso 2, ha considerado que tiene derecho a ello puesto que sufrió injustamente un daño causado por “un funcionamiento claramente anormal de la administración pública”.
El agente estuvo un año de baja por la decisión arbitraria de la exregidora, según han reconocido los tribunales.
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