El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 29 de julio el decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que se aplicarán el próximo curso 2016-2017. Ambas serán son obligatorias para obtener el título de la etapa y la de Bachillerato servirá también para acceder a la Universidad."De esta manera se garantiza la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional de los estudiantes que a partir del año que viene se examinen de los nuevos currículums establecidos en la LOMCE", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha defendido que "en la mayoría de los países de la OCDE y la Unión Europea existen pruebas estandarizadas al final de las etapas educativas".
La evaluación de ESO (alumnos de 15 y 16 años) se pondrá en marcha en 2017, pero no será hasta 2018 cuando los alumnos tengan que aprobarla para obtener el título de la ESO. Lo mismo ocurre con la de Bachillerato (17 y 18 años), que en el primer año de aplicación, 2017, no servirá para titular, pero sí para acceder a la Universidad.
El Gobierno mantiene casi en su totalidad el texto del último borrador del decreto, dado a conocer el pasado mes de mayo, salvo "alguna cuestión técnica", a propuesta del Consejo de Estado, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación.
A diferencia de lo que planteó el equipo del exministro José Ignacio Wert, las pruebas finalmente no van a ser tipo test, la evaluación de Bachillerato serán muy similar a la Selectividad, no habrá un único examen el mismo día para todos los alumnos de todas las autonomías y no se publicarán los resultados para evitar ránkings de centros docentes.
La prueba de Bachillerato se ha consensuado con los rectores que pedían que no se rompiera el llamado 'distrito único', es decir, que, tras aprobarla, los alumnos podrán acceder, como hasta ahora, a cualquiera de las universidades españolas sin tener que someterse a procesos de selección en cada campus. No obstante, esta última opción queda abierta porque la LOMCE lo permite.
Las comunidades autónomas tendrán la potestad para organizar las evaluaciones y fijar los tribunales, las fechas y las preguntas de los exámenes, una decisión, esta última, que fue criticada por el Consejo Escolar del Estado, que advirtió de que "podría ahondar, aún más, en las diferencias existentes entre las 17 autonomías". El ministerio, por su parte, fijará el marco común de las pruebas, es decir, las características, el diseño de las pruebas y su contenido. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
En cuanto a las características de las pruebas, desde el Ministerio de Educación aseguran que se mantienen respecto al último borrador. Así, la duración de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato será de cuatro días, aunque las comunidades autónomas con lengua cooficial podrán establecer una duración máxima de cinco. Las preguntas de cada examen en ambos casos no podrán superar los 15 ítems y no serán tipo test, sino abiertas y semiabiertas.
Los alumnos de 4º de la ESO se examinarán de siete materias: cuatro troncales, dos opcionales y una específica, a elección del alumno, que no sea Educación Física, Religión o Valores. La nota final constará en un 70% de la media de las calificaciones obtenidas en esa etapa y en un 30% la calificación en la evaluación final.
Los de 2º de Bachillerato se examinarán de cinco asignaturas troncales, dos opcionales y una específica, a elección del alumno, que no sea Educación Física ni Religión. La nota final en este caso se ponderará como se había hecho hasta ahora: en un 60% la media de las calificaciones obtenidas en Bachillerato y en un 40% la calificación de la 'reválida'.
Sobre la publicación de los resultados, una cuestión muy criticada por la comunidad educativa ante el temor de que las comunidades pudieran elaborar ránkings de centros docentes, el Gobierno se ha compromete finalmente a comunicarlos directamente a cada colegio e instituto para que "en ningún caso" se hagan tales clasificaciones.
El Gobierno no altera el último borrador acordado con los rectores y establece un sistema de acceso a la Universidad similar a la Selectividad.
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