Así lo dicen los técnicos de Cultura en el escrito que acompaña su denuncia en la Fiscalía.La Fiscalía Provincial ya tiene en su poder la denuncia por parte de la Delegación de Cultura y el informe elaborado por los técnicos de la administración pública sobre las obras realizadas por la Jefatura Provincial de Carreteras del Ministerio de Fomento en la carretera nacional 340a y que se adentraron en la zona protegida del yacimiento arqueológico de El Chuche.
La denuncia se presentaba el viernes a última hora, sumándose así a la que a primera hora había registrado la Asociación Amigos de la Alcazaba, y en el informe que la acompañaba los técnicos autonómicos explicaban que “a simple vista no es posible establecer si la estructura arqueológica que se veía en el antiguo talud ha sido destruida o ha quedado sepultada bajo el terreno, y que para determinar el grado de afección concreto habría que realizar una excavación arqueológica”.
Esto supone la ratificación de que la actuación ha afectado de alguna manera al conjunto arqueológico pero para determinar el grado es necesario proceder a excavarlo y ahora será el turno de que Fiscalía investigue si estos hechos son constitutivos de ilícito penal.
Cabe recordar que todo el proceso de obras se realizó a lo largo del fin de semana del 18 y 19 de febrero, sería el miércoles 22 de febrero cuando, tras recibir un total de tres denuncias telefónicas, se presentó en la zona de los trabajos, que ya habían concluido por lo que no se tuvieron que parar las obras, se verificó que se estaba realizando una actuación y ese mismo día se reclamaría un informe técnico a Cultura.
En proceso
Las diligencias policiales están aún en realización y en cuanto concluyan se remitirá a la Fiscalía de Medio Ambiente. Ésta sería la tercera denuncia que llegaría sobre el suceso.
Lo cierto es que según Cultura los trabajos no contaban con informe por parte de la Delegación, algo absolutamente necesario al tratarse de una zona protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1999.
Cabe recordar que el pasado viernes, tras conocerse lo sucedido, el subdelegado de Gobierno, Andrés García Lorca, defendió la actuación realizada por parte gubernamental asegurando que la zona se había convertido en un vertedero incontrolado y afirmó que “no se ha dañado el patrimonio” sino que se había mejorado la zona.
Ahora que ya está en manos de la Fiscalía por parte de todos los agentes que estaban involucrados, ha llegado el momento de que sea allí donde se decida si es constitutivo o no de delito.
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