El Supremo reduce a dos años y cuatro meses la condena a A. C. N. por falsedad documental.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) modifica una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería y reduce sustancialmente la condena a un falso gestor administrativo acusado de vender contratos de trabajo a trabajadores extranjeros. El condenado es A. C. N., responsable de “una gestoria” ubicada en la capital almeriense, según detalla la sentencia judicial. La Policía Nacional seguía sus pasos por un presunto fraude en trámites para la regularización de inmigrantes.
Para solicitar sus permisos en la Oficina de Extrajería de Almería, los aspirantes necesitaban un contrato de trabajo que, según la investigación, A. C. N. ofrecía a cambio de pagos. Las cantidades cobradas oscilan entre los 450 y los 1.200 euros, según recoge el tribunal en los hechos probados.
“A sabiendas de su falsedad y prevaliéndose de su credibilidad empresarial o profesional por la llevanza del negocio subrayado, en el año 2010, solicitó (a una mujer) una cantidad de 1.200 euros, haciendo esta efectivo el pago, a cambio de entregarle una documentación para solicitar la residencia legal en España, que con posterioridad presentaría en la Oficina de Extranjería de Almería, siendo finalmente desestimada su solicitud”, expuso la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.
El tribunal examinó los hechos y condenó a A. C. N. a cuatro años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial y estafa. La sentencia consideraba acreditado dos casos de cobros a inmigrantes y la simulación de la firma de un empresario. Este paso era determinante, porque A. C. N. necesitaba los datos de una sociedad para falsear la documentación que luego se entregaría en la Oficina de Extranjeros de Almería.
El acusado llevaba la documentación de la empresa y tenía acceso a datos particulares, sin embargo, el titular de la sociedad desconocía la contratación de ciudadanos extranjeros. “Aprovechó que su gestoría llevaba los asuntos del empresario relacionados con su empresa, y haciendo creer falsamente a las arriba referenciadas que podrían reunir con su gestión los requisitos para regularizar su situación en España”, apostilla la sentencia de la Audiencia de Almería.
El empresario negó en su testimonio “tanto su firma como el sello de empresa que aparecen en el contrato, aseverando que el acusado es el gestor que lleva todos los asuntos de su empresa desde aproximadamente el segundo año de vida de la misma, que estaba autorizado por él para la llevanza de todo lo referente a la contabilidad y datos fiscales de su empresa”. A. C. N. recibió la sentencia hace un año y acudió en recurso de casación al Tribunal Supremo. Ahora, la Sala de lo Penal revisa el caso y reduce la sanción a dos años y cuatro meses.
El Alto Tribunal discute la aplicación de una agravante en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería. En aquel caso se alegó “un abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador”. Sin embargo, el Supremo considera que no está acreditado en los hechos probados que A. C. N. sometiera de ese modo a los extranjeros interesados en “comprar un contrato” de trabajo. Así pues, la sentencia matiza la condena de prisión y la reduce a la mitad.
A. C. N. de 53 años ha sido detenido en varios operaciones de la UCRIF de la Policía Nacional por supuestos fraudes en los trámites de ciudadanos extranjeros. Trabaja solo en una gestoría de su propio nombre.
En el año 2014 fue arrestado en una operación judicial con medio centenar de trabajadores sospechosos de manipular sus documentos para obtener la autorización de residencia.
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